Construcción de una estrategia regional de política pública con enfoque interseccional e intercultural: estudio comparado de las Alertas de Violencia de Género en regiones indígenas mesoamericanas

Introducción

En la región mesoamericana, la violencia de género contra las mujeres indígenas constituye una de las expresiones más complejas de desigualdad estructural. Las múltiples formas de discriminación que atraviesan sus vidas —por razones de género, etnicidad, clase social, lengua, territorio o acceso a la justicia— se entrelazan de forma acumulativa y no son suficientemente visibilizadas ni abordadas en los marcos institucionales de atención y prevención. Esta violencia, además, se agrava en contextos donde persisten dinámicas coloniales, patriarcales y racistas, que relegan a las mujeres indígenas a condiciones de marginalidad extrema.

Ante este panorama, México ha instrumentado mecanismos institucionales como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), con el objetivo de atender contextos de violencia feminicida y formular estrategias urgentes de acción. Sin embargo, la pertinencia de dichas recomendaciones en contextos indígenas ha sido escasamente analizada desde enfoques interseccionales e interculturales que permitan comprender cómo operan simultáneamente distintas formas de exclusión. Este vacío resulta especialmente preocupante en estados del sur de México —como Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Puebla— donde la población indígena femenina representa un segmento significativo y particularmente vulnerable.

Este artículo tiene como propósito realizar un análisis comparado de los informes AVGM emitidos en dichos estados, identificando los elementos comunes y divergentes en sus recomendaciones, así como los vacíos metodológicos respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y las violencias múltiples. El objetivo es doble: por un lado, evaluar en qué medida las políticas formuladas incorporan una mirada interseccional con enfoque intercultural; y por otro, proponer estrategias regionales que fortalezcan una respuesta más justa, contextualizada y participativa en favor de las mujeres indígenas mesoamericanas.

Se parte de la necesidad de trascender las respuestas fragmentadas, proponiendo una agenda de acción articulada a nivel regional que integre conocimientos locales, garantice el acceso efectivo a derechos y coloque en el centro las voces de las propias mujeres indígenas. Solo a partir de un enfoque crítico y situado será posible transformar las estructuras que sostienen la violencia y construir políticas públicas con verdadero impacto en los territorios que históricamente han sido olvidados.

1. Las Alertas de Violencia de Género como mecanismo institucional

La AVGM es un mecanismo de emergencia previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Su finalidad es enfrentar y erradicar la violencia feminicida en territorios específicos del país mediante la emisión de recomendaciones vinculantes por parte de un GIM que analiza el contexto local y propone acciones prioritarias. Este mecanismo, creado en 2007 y operativo desde 2015, surge como una respuesta institucional ante la alarmante prevalencia de violencia extrema contra las mujeres en distintas entidades del país.

El proceso de activación de una AVGM incluye la solicitud por parte de organizaciones civiles o instituciones, la instalación del GIM, la elaboración de un diagnóstico cuantitativo-cualitativo y la emisión de un informe con recomendaciones dirigidas a las autoridades locales. Estas recomendaciones deben tener carácter urgente y estar orientadas a eliminar los factores que generan y reproducen la violencia feminicida, bajo principios de protección integral y respeto a los derechos humanos (Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, 2018).

Sin embargo, diversos estudios han señalado que la efectividad de las alertas ha sido desigual, especialmente en contextos indígenas o rurales, donde las condiciones estructurales de discriminación histórica no han sido debidamente consideradas. Esta limitación ha generado críticas respecto a la homogeneidad de las recomendaciones, el carácter centralizado del diseño y la falta de participación de las mujeres indígenas en la formulación de políticas (Ríos Cázares, 2021).

2. Interseccionalidad e interculturalidad como marcos analíticos críticos

La interseccionalidad se ha consolidado como una herramienta fundamental para comprender cómo distintas formas de opresión —género, etnicidad, clase social, discapacidad, orientación sexual, entre otras— interactúan de manera simultánea y acumulativa en la vida de las personas. Propuesta inicialmente por Kimberlé Crenshaw, esta noción ha sido retomada y ampliada por múltiples autoras para analizar cómo las estructuras de poder producen desigualdades complejas, especialmente en contextos marcados por herencias coloniales y racismo estructural (Crenshaw, 1991; Viveros Vigoya, 2016; Roth, 2022).

Desde una perspectiva situada, la interseccionalidad no solo implica la identificación de múltiples discriminaciones, sino la necesidad de analizarlas en relación con contextos históricos, políticos y sociales concretos (Viveros Vigoya, 2016). Así, el enfoque interseccional permite evidenciar cómo el género no opera de forma aislada, sino en constante interacción con otras condiciones estructurales que configuran experiencias diferenciadas de violencia.

En paralelo, el enfoque intercultural critica la visión homogénea de los derechos y políticas públicas, y propone incorporar el reconocimiento de las cosmovisiones, sistemas normativos propios y prácticas comunitarias de los pueblos indígenas. La articulación entre interculturalidad e interseccionalidad es especialmente relevante en la región mesoamericana, donde las mujeres indígenas no solo enfrentan violencia de género, sino también exclusión sistemática derivada de la racialización, la desigualdad territorial y la desprotección institucional (Sánchez-Melero & Gil-Jaurena, 2015; Guiñazú & Trentini, 2019).

Cabe precisar que en este artículo se distinguen analíticamente los enfoques de interseccionalidad e interculturalidad, aunque se articulan de manera complementaria. La interseccionalidad se utiliza como una herramienta analítica para identificar cómo la interacción entre género, etnicidad, territorio y otras categorías produce formas específicas y no aditivas de desigualdad (Crenshaw, 1989; Collins y Bilge, 2016; Hankivsky, 2014). Por su parte, la interculturalidad se asume como un enfoque normativo y político orientado al reconocimiento de la diversidad cultural, al diálogo de saberes y a la transformación de relaciones históricamente asimétricas entre grupos culturales (Walsh, 2009; Tubino, 2005; De Sousa Santos, 2010). En términos de políticas públicas, la interseccionalidad se operacionaliza mediante indicadores desagregados y análisis de impactos diferenciados, mientras que la interculturalidad se concreta a través de mecanismos de participación culturalmente pertinente, adecuaciones institucionales y reconocimiento de saberes locales en el diseño e implementación de las políticas.

Por ende, la combinación de ambos enfoques resulta indispensable para analizar la pertinencia de los informes AVGM en contextos indígenas, ya que permite valorar si las políticas públicas diseñadas responden o no a la complejidad de las violencias estructurales que atraviesan a las mujeres indígenas.

3. Perspectiva de género en las AVGM: avances y límites

Las recomendaciones emitidas por los GIM en el marco de las AVGM retoman el enfoque de género como herramienta principal para el análisis de la violencia contra las mujeres. En la mayoría de los casos, los informes reconocen que las desigualdades estructurales y los estereotipos de género alimentan dinámicas de violencia feminicida. De ahí que se insista en la necesidad de capacitar a servidores públicos, armonizar leyes estatales, sensibilizar a comunidades y garantizar el acceso a servicios de justicia y salud sin discriminación (Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Chiapas, 2016; Quintana Roo, 2016; Puebla, 2017).

Sin embargo, el uso del enfoque de género dentro de las alertas suele estar limitado a una visión binaria y universalista, que no siempre reconoce la diversidad de experiencias vividas por las mujeres en condiciones de desigualdad estructural. En muchos informes, el género aparece desvinculado de otras categorías sociales, lo que reduce la capacidad de las políticas para atender las violencias específicas que enfrentan las mujeres indígenas.

Este límite metodológico impide una comprensión profunda de cómo operan las múltiples formas de exclusión. Tal como advierte Ríos Cázares (2021), la ausencia de datos desagregados por etnicidad y lengua, así como la falta de estrategias de consulta con comunidades indígenas, refleja una aplicación insuficiente del principio de equidad desde una perspectiva interseccional.

4. Metodología

Este estudio adopta un enfoque cualitativo de análisis documental con perspectiva interseccional e intercultural. La investigación se centra en el análisis comparado de cinco informes emitidos por los GIM en el marco de las AVGM, correspondientes a los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Puebla. Estos estados fueron seleccionados por contar con una alta proporción de población indígena femenina y por compartir dinámicas de desigualdad estructural en la región mesoamericana (INEGI, 2021).

La selección de los cinco estados analizados no responde a un criterio de representatividad estadística, sino a una lógica de selección teórica e intencional orientada a maximizar la pertinencia analítica del estudio. Se eligieron entidades federativas que cumplen simultáneamente con cuatro criterios: (1) contar con una proporción significativa de población indígena, de modo que la dimensión étnica sea sustantiva para el análisis de la violencia de género; (2) tener una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada y un informe oficial público disponible; (3) representar distintos contextos territoriales y trayectorias institucionales, a fin de incorporar variación regional y política; y (4) permitir un análisis cualitativo profundo y comparativo manejable dentro de los límites del estudio.

Limitar el análisis a cinco casos respondió a una decisión metodológica orientada a privilegiar la profundidad analítica sobre la amplitud descriptiva. Dado que el objetivo del estudio es examinar críticamente los marcos de interpretación, las categorías de política pública y los dispositivos institucionales desde una perspectiva interseccional e intercultural, ampliar el número de casos habría reducido la posibilidad de realizar una lectura densa, contextualizada y comparativa de cada informe. En este sentido, los cinco estados funcionan como casos estratégicos que permiten identificar patrones estructurales y variaciones relevantes sin pretender agotar el universo de entidades con presencia indígena.

La metodología se fundamenta en la revisión crítica de los contenidos y recomendaciones de cada informe, con el objetivo de identificar en qué medida se integran enfoques interseccionales —que consideran la interacción entre género, etnicidad, clase, lengua y territorio— (Viveros Vigoya, 2016) y enfoques interculturales —que reconocen la diversidad normativa y cosmovisiones de los pueblos indígenas— (Sánchez-Melero & Gil-Jaurena, 2015).

Para ello, se construyó una matriz de análisis que permitió categorizar las principales líneas de acción recomendadas, evaluar la presencia o ausencia de consideraciones diferenciadas hacia las mujeres indígenas, y detectar los elementos comunes o divergentes entre los documentos revisados. Este ejercicio se guió por el principio metodológico de experiencia situada y relacional (Roth, 2022), con el fin de interpretar las políticas desde contextos específicos de exclusión.

El estudio adoptó un enfoque de análisis comparado cualitativo de tipo documental, orientado a identificar similitudes, diferencias, patrones y ausencias en la forma en que distintos Estados construyen el problema de la violencia de género y diseñan sus respuestas institucionales en contextos con presencia significativa de población indígena. La comparación no se realiza entre “casos” entendidos como unidades cerradas, sino entre configuraciones discursivas, normativas y programáticas presentes en los informes oficiales de creación de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), leídos como textos de política pública que expresan determinados marcos de interpretación, prioridades institucionales y concepciones sobre sujetos, derechos y territorios.

A partir de una lectura sistemática de los cinco informes seleccionados, se construyó una matriz de análisis comparativo basada en seis dimensiones analíticas: (1) el diagnóstico del problema de la violencia de género y sus causas; (2) el reconocimiento —o ausencia— de la diversidad cultural, étnica y lingüística; (3) la forma en que se representa a las mujeres indígenas (como actoras, destinatarias o sujetos ausentes); (4) el tipo de medidas propuestas y su grado de adecuación a contextos territoriales específicos; (5) el modelo institucional implícito (centralizado, tecnocrático, territorializado o comunitario); y (6) la manera en que los derechos de las mujeres se traducen en ámbitos concretos de vida social, política, territorial, económica y laboral. Estas dimensiones permitieron comparar no solo contenidos explícitos, sino también silencios, omisiones y formas de invisibilización relevantes desde una perspectiva interseccional e intercultural.

El análisis se realizó desde un enfoque interseccional e intercultural, lo que implicó examinar cómo las categorías de género, etnicidad, territorio, lengua y desigualdad socioeconómica se articulan —o se disocian— en los documentos, y cómo dichas articulaciones producen efectos diferenciados en la construcción de las políticas públicas. De este modo, la comparación no buscó establecer jerarquías entre los estados, sino comprender las distintas racionalidades institucionales que orientan las respuestas frente a la violencia de género en contextos indígenas y los límites estructurales que comparten. En este sentido, los resultados no deben leerse como exhaustivos, sino como analíticamente transferibles a otros contextos con características estructurales semejantes. Asimismo, se recurrió a fuentes estadísticas nacionales —como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021)— para contextualizar los tipos de violencia que enfrentan las mujeres indígenas y contrastar dicha información con los vacíos u omisiones observados en las recomendaciones institucionales.

El carácter comparativo del estudio permite visibilizar patrones comunes de omisión, fragmentación o insuficiencia en las recomendaciones, al tiempo que identifica experiencias incipientes de buenas prácticas que podrían articularse como estrategias regionales. El análisis se llevó a cabo bajo una lógica crítica y propositiva, con el fin de contribuir al diseño de políticas públicas más pertinentes, eficaces y culturalmente situadas (Guiñazú & Trentini, 2019).

5. Resultados por entidad: análisis comparado de las recomendaciones AVGM en la Región Mesoamericana

La región mesoamericana, en términos históricos y antropológicos, comprende el territorio ocupado por diversas civilizaciones indígenas antes de la colonización europea, y actualmente se extiende por el sur de México y parte de Centroamérica. En el caso mexicano, estados como Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Puebla representan núcleos geográficos, culturales y demográficos de esta región. Estas entidades comparten una alta densidad de población indígena, una rica diversidad lingüística y cultural, así como contextos históricos marcados por desigualdad estructural y exclusión institucional. Esta condición histórica, lejos de haberse superado, persiste en la actualidad como un factor que agrava la situación de violencia de género hacia las mujeres indígenas, quienes enfrentan múltiples obstáculos para el acceso efectivo a derechos y servicios públicos.

La selección de estos cinco estados obedece a tres criterios principales: 1) su ubicación dentro del territorio tradicional mesoamericano; 2) su alta proporción de población indígena femenina —en Chiapas, por ejemplo, más del 27% de las mujeres se autoidentifican como indígenas (INEGI, 2020)—; y 3) la existencia de informes de AVGM que permiten realizar un análisis comparado de sus recomendaciones institucionales. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), las mujeres indígenas presentan porcentajes significativos de violencia psicológica (40.6%), física (28.7%) y económica (18.7%), cifras que, aun cuando puedan estar subestimadas por barreras de denuncia, evidencian una problemática sistémica. La revisión de los informes AVGM en estos estados permite comprender en qué medida las respuestas institucionales han logrado o no integrar una mirada interseccional e intercultural que responda a las condiciones particulares de las mujeres indígenas mesoamericanas.

5.1 Caso Chiapas

El informe del GIM del estado de Chiapas, emitido en octubre de 2016, constituye uno de los documentos más avanzados en términos de sensibilidad hacia contextos de vulnerabilidad múltiple. Aunque el concepto de "interseccionalidad" no se menciona de forma explícita, el análisis reconoce la necesidad de atender simultáneamente diversas condiciones de exclusión que atraviesan a las mujeres indígenas, como el embarazo, la discapacidad, la migración y la pertenencia étnica. Esta aproximación permite vislumbrar un entendimiento inicial de la intersección entre categorías estructurales, aunque sin una metodología desarrollada para articularlas de forma integral.

Entre las acciones destacadas se encuentra la capacitación del personal del sistema judicial —jueces, fiscales y operadores— para aplicar instrumentos como el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Protocolo de actuación en casos que involucren derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas. Esto sugiere una voluntad institucional de formar operadores con herramientas adecuadas para reducir la discriminación sistémica en el acceso a la justicia (Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Chiapas, 2016).

Además, se promueve el diseño de políticas específicas para prevenir la violencia en comunidades indígenas, considerando elementos de cosmovisión, normas comunitarias y estructuras de autoridad local. Esta inclusión reconoce la importancia de adaptar los enfoques estatales a las particularidades culturales, evitando imponer modelos homogéneos que resulten ajenos a las dinámicas comunitarias.

Un aspecto relevante del informe es la propuesta de fortalecer liderazgos comunitarios femeninos a través de la formación de promotoras de derechos humanos, quienes tendrían un papel activo en la prevención de la violencia y en la difusión de información dentro de sus comunidades. También se plantea el desarrollo de campañas de sensibilización culturalmente pertinentes, que consideren el idioma, símbolos y referentes propios de los pueblos originarios.

Aunque el informe avanza en identificar factores de vulnerabilidad y propone intervenciones diferenciadas, persiste la ausencia de una estructura metodológica interseccional que permita articular de forma clara cómo se entrecruzan las distintas opresiones y cómo deben diseñarse las respuestas públicas a partir de esa complejidad. No obstante, el caso Chiapas puede considerarse un referente de prácticas incipientes que podrían fortalecerse y replicarse a nivel regional si se les dota de una sistematización analítica más robusta.

5.2 Caso Quintana Roo

El informe del GIM de Quintana Roo, publicado en 2016, aborda la situación de violencia de género en cinco municipios de la entidad: Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. Aunque no articula explícitamente una metodología interseccional, el documento reconoce la existencia de condiciones de vulnerabilidad múltiple que afectan de manera diferenciada a ciertos grupos de mujeres, como las indígenas, migrantes y aquellas que viven en situación de pobreza extrema.

Una de las principales fortalezas del informe radica en el reconocimiento de las desigualdades estructurales que generan contextos específicos de violencia en el norte del estado. En este sentido, se propone la elaboración de diagnósticos más finos que integren variables socioeconómicas, demográficas y culturales, con el fin de diseñar estrategias de prevención más eficaces. Esta recomendación apunta hacia la necesidad de territorializar las políticas públicas, adaptándolas a las características de cada comunidad.

El informe también plantea la inclusión de criterios de vulnerabilidad en la asignación presupuestal, con el propósito de garantizar que las intervenciones lleguen efectivamente a las mujeres más expuestas a múltiples formas de violencia. Este enfoque, aunque aún limitado, representa una tentativa de transversalizar la perspectiva de desigualdad estructural en los procesos de planeación y financiamiento.

Por otro lado, se destaca la urgencia de formar al personal del sistema de justicia y de los servicios públicos en perspectiva de género y no discriminación, a fin de evitar prácticas revictimizantes y fomentar una atención más humana y eficiente. El informe sugiere el diseño de protocolos especializados en casos de hostigamiento, acoso sexual y violencia familiar, aunque sin detallar cómo estos deberían adaptarse a contextos interculturales.

En conjunto, las recomendaciones del GIM de Quintana Roo muestran una aproximación parcial a los principios de la interseccionalidad, en la medida en que se reconoce la coexistencia de diversas formas de exclusión. Sin embargo, el documento no desarrolla mecanismos específicos para abordar estas interacciones de manera estructural. Su aporte más relevante se encuentra en el reconocimiento presupuestal de la vulnerabilidad múltiple, lo que constituye un punto de partida para impulsar reformas más profundas hacia una política pública con enfoque interseccional e intercultural.

5.3 Caso Puebla

El informe del GIM del estado de Puebla, emitido en diciembre de 2017, expone un conjunto de recomendaciones orientadas a enfrentar la violencia feminicida en el estado. A diferencia de otros informes, el documento se apega al marco legal de derechos humanos, la perspectiva de género y la necesidad de armonización normativa, pero carece de una articulación clara que permita identificar un enfoque interseccional en sentido estricto.

El texto enfatiza la importancia de que las políticas públicas atiendan las desigualdades estructurales que perpetúan la violencia contra las mujeres, especialmente en contextos indígenas y rurales. Si bien se reconoce la existencia de diferencias culturales y se hace un llamado a respetar las cosmovisiones de los pueblos originarios, estas referencias se mantienen a nivel declarativo, sin traducirse en mecanismos concretos de atención diferenciada.

Asimismo, se subraya la obligación del Estado de capacitar a sus servidores públicos en perspectiva de género para garantizar el acceso igualitario a la justicia. No obstante, el informe no contempla contenidos específicos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas ni con las barreras institucionales, lingüísticas o culturales que enfrentan las mujeres indígenas al buscar protección frente a la violencia.

En términos de diseño institucional, el documento propone alinear la legislación estatal con instrumentos internacionales como la Convención Belém do Pará y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta orientación es positiva, pero nuevamente se observa la ausencia de estrategias que reconozcan las múltiples formas de discriminación que se entrelazan en las experiencias de las mujeres indígenas.

El caso de Puebla ilustra los límites de un enfoque que, aunque reconoce la diversidad cultural y la perspectiva de género, no incorpora de manera estructurada una mirada interseccional. Las propuestas contenidas en el informe se enfocan más en la universalización de derechos que en la atención de desigualdades acumulativas, por lo que su potencial transformador es limitado frente a la complejidad de las violencias vividas por las mujeres indígenas en el estado.

5.4 Caso Campeche

El informe del GIM del estado de Campeche, emitido en mayo de 2017, incorpora algunas referencias relevantes al enfoque de derechos humanos y a la necesidad de garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Aunque no explicita una metodología interseccional, el documento reconoce la importancia de implementar acciones afirmativas y transversales para atender a sectores históricamente excluidos, incluyendo a mujeres indígenas, migrantes y en situación de pobreza.

Entre las propuestas, se destaca la recomendación de eliminar estereotipos de género en diversos ámbitos institucionales, como medida previa para modificar las estructuras que reproducen la violencia. Este planteamiento se articula con la exigencia de desarrollar políticas públicas alineadas con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, lo cual dota de solidez legal y normativa a las recomendaciones.

Sin embargo, el informe mantiene una lógica generalista al momento de proponer medidas específicas para mujeres indígenas. Aunque reconoce su condición de vulnerabilidad, no se explicitan acciones concretas que consideren las particularidades culturales, lingüísticas o comunitarias que enfrentan. Tampoco se incorporan mecanismos diferenciados de participación ni se alude a la necesidad de consultar a las propias comunidades en el diseño de políticas.

A diferencia del caso de Chiapas, donde se vislumbra una voluntad de territorializar las estrategias de prevención, en Campeche persiste una visión más institucional y normativa, sin suficiente conexión con los contextos locales. La presencia de un lenguaje orientado a los derechos humanos es una fortaleza, pero su potencial transformador se ve limitado por la falta de estrategias que atiendan la intersección de múltiples desigualdades estructurales.

En síntesis, el informe de Campeche avanza en el plano discursivo hacia una política de igualdad más inclusiva, pero aún carece de herramientas metodológicas para operar con una mirada interseccional e intercultural que contemple las realidades específicas de las mujeres indígenas.

5.5 Caso Oaxaca

El informe del GIM del estado de Oaxaca, emitido en agosto de 2017, evidencia un mayor esfuerzo por reconocer las múltiples dimensiones de la desigualdad que enfrentan las mujeres indígenas. Aunque no incorpora una metodología interseccional declarada, el documento contiene referencias importantes a la discriminación estructural, el racismo y la exclusión histórica que atraviesan la vida de las mujeres en contextos indígenas.

Una de las principales fortalezas del informe es su reconocimiento explícito de que las mujeres indígenas viven una situación de vulnerabilidad ampliada debido a factores como el idioma, las costumbres locales, la pobreza y las barreras institucionales. A partir de ello, se plantean estrategias que buscan adaptar los servicios públicos a las realidades culturales y lingüísticas de las comunidades originarias. Destaca, por ejemplo, la propuesta de certificar intérpretes en lenguas indígenas y de regionalizar las acciones institucionales para que respondan a usos y costumbres locales.

Asimismo, el informe propone que los programas gubernamentales incorporen la cosmovisión indígena y promueve la participación comunitaria en el diseño de políticas públicas. Este enfoque representa un avance importante hacia una política intercultural que, si bien no se estructura bajo el marco teórico de la interseccionalidad, sí reconoce la necesidad de ajustar las respuestas estatales a los contextos de vida de las mujeres indígenas.

No obstante, al igual que en los demás casos, persiste la ausencia de una articulación metodológica que explique cómo interactúan las diferentes dimensiones de la desigualdad y cómo estas deben guiar el diseño de estrategias específicas. Las recomendaciones avanzan hacia una atención diferenciada, pero siguen estando fragmentadas y sin una lógica común que las integre en un sistema estructurado de prevención y atención a la violencia.

Oaxaca representa uno de los ejemplos más prometedores en términos de sensibilidad cultural, pero requiere consolidar su enfoque mediante mecanismos que garanticen la participación efectiva de las mujeres indígenas en la formulación de políticas, y que aseguren su acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional e intercultural.

6. Desigualdades persistentes y oportunidades de convergencia

El análisis comparado de los informes AVGM de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Puebla pone de manifiesto una constante: si bien existe un reconocimiento parcial de las condiciones diferenciadas que enfrentan las mujeres indígenas, las recomendaciones institucionales carecen, en su mayoría, de una articulación metodológica interseccional que permita abordar de manera efectiva la complejidad de sus experiencias. La diversidad de contextos culturales, lingüísticos y geográficos no se refleja en la profundidad de las propuestas, lo que limita la capacidad de las alertas para transformar las estructuras que reproducen la violencia.

Una primera observación transversal es la ausencia de un enfoque interseccional estructurado. En ninguno de los informes se utiliza este marco como categoría analítica formal, aunque algunos —como el de Chiapas y, en menor medida, Oaxaca— reconocen implícitamente la necesidad de atender condiciones múltiples de vulnerabilidad. Sin embargo, este reconocimiento se mantiene en el plano descriptivo y no se traduce en estrategias sistemáticas para abordar la interacción entre género, etnicidad, clase y territorio. Como advierte Viveros Vigoya (2016), sin una perspectiva situada y relacional, las políticas públicas tienden a replicar enfoques fragmentarios que no atienden las desigualdades acumulativas.

Un segundo patrón común es la escasa inclusión de las voces de las mujeres indígenas en el diseño de las recomendaciones. La mayoría de los diagnósticos se construyen a partir de fuentes oficiales, entrevistas a funcionariado y, en algunos casos, a organizaciones civiles, pero rara vez incorporan procesos participativos directos con las comunidades afectadas. Esta omisión refuerza una lógica centralista y tecnocrática que invisibiliza el conocimiento situado y reproduce dinámicas coloniales de toma de decisiones (Guiñazú & Trentini, 2019).

Otro punto crítico es la falta de adaptación territorial y cultural de las acciones propuestas. En los informes analizados se observa una tendencia a replicar modelos urbanos de prevención y atención de la violencia, sin considerar las particularidades de las comunidades indígenas. La centralización de servicios en cabeceras municipales, la escasa presencia de intérpretes en lenguas originarias y el desconocimiento de las estructuras de autoridad comunitaria son barreras persistentes que limitan el acceso efectivo a la justicia (Ríos Cázares, 2021). Aunque Oaxaca y Chiapas presentan algunas propuestas incipientes de regionalización y adecuación cultural, estas aún no se consolidan como políticas públicas integrales.

Desde la interculturalidad crítica (Gago, 2015), los hallazgos sobre participación limitada, centralización y baja adecuación cultural no se explican solo como “déficits de implementación”, sino como expresión de relaciones históricas de poder que tienden a traducir la diversidad cultural a un lenguaje técnico-administrativo, sin redistribuir autoridad ni reconocer plenamente los saberes y formas de deliberación comunitaria. En este marco, fortalecer una estrategia regional no supone únicamente “adaptar” programas, sino reconfigurar la gobernanza, es decir, 1) desplazar la toma de decisiones hacia mecanismos comunitarios y regionalizados; 2) asegurar mediación lingüística e institucional, no solo el uso de la traducción actual; y 3) establecer condiciones para la coproducción de diagnósticos, indicadores y rutas de acceso a justicia, salud y protección, con enfoque interseccional e intercultural.

Finalmente, la revisión comparada evidencia la necesidad de una estrategia regional mesoamericana que articule las buenas prácticas detectadas y subsane las omisiones recurrentes. Tal estrategia debería orientarse a construir una política de prevención de la violencia basada en el reconocimiento de las múltiples formas de discriminación que afectan a las mujeres indígenas, articulando el enfoque de género con una perspectiva interseccional e intercultural robusta. Esto implica romper con la fragmentación actual y avanzar hacia una lógica de intervención que sea territorializada, participativa, situada y respetuosa de las diversidades culturales de la región.

7. Propuestas para una estrategia regional con enfoque interseccional e intercultural

La revisión de los informes AVGM en estados clave de la región mesoamericana evidencia la urgencia de construir una respuesta articulada, situada y diferenciada frente a las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres indígenas. A partir del análisis realizado, se identifican cinco ejes estratégicos que pueden constituir la base de una agenda regional compartida, diseñada con enfoque interseccional e intercultural:

1. Diseño participativo de políticas con mujeres indígenas

La participación activa de las mujeres indígenas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas es un componente esencial para asegurar su pertinencia y efectividad. Es necesario establecer mecanismos institucionalizados de consulta comunitaria en cada entidad federativa, con representación directa de lideresas, promotoras comunitarias y defensoras indígenas. Esto permitirá integrar el conocimiento situado y fortalecer el tejido organizativo local, reconociendo a las mujeres no como beneficiarias, sino como sujetas de derecho y actores estratégicos.

En este trabajo, la participación de las mujeres indígenas se entiende como un derecho habilitante y una condición de justicia pública: no se limita a la consulta, sino que implica capacidades reales para incidir en el ciclo de la política pública (definición del problema- construcción de categorías- priorización- presupuestación- implementación- seguimiento y evaluación). En clave intercultural e interseccional, ello exige que las categorías de intervención se construyan desde todos los ámbitos múltiples de vida donde se materializan los derechos de las mujeres (social, político, territorial, económico y laboral), evitando que el Estado imponga marcos universales que invisibilicen barreras lingüísticas, el racismo institucional aún imperante, la a veces evidente desigualdad territorial y la existencia de normas comunitarias atravesadas por relaciones de género.

2. Desarrollo de protocolos diferenciados por contexto cultural y lingüístico

Se requiere avanzar en la creación de protocolos específicos de atención en materia de justicia, salud y protección, elaborados en conjunto con las comunidades indígenas. Estos deben considerar las lenguas originarias, la cosmovisión propia, los sistemas normativos internos y la ubicación geográfica. La certificación de intérpretes, la traducción de materiales de prevención y la regionalización de servicios deben formar parte de una política de acceso efectivo con enfoque de derechos.

3. Formación estructural en interseccionalidad e interculturalidad

Es indispensable incorporar contenidos estructurados sobre interseccionalidad e interculturalidad en la formación de funcionarios públicos, operadores de justicia, personal de salud y seguridad, así como en los planes de estudio de universidades públicas. Esta formación debe permitir la comprensión crítica de cómo operan las desigualdades múltiples y cómo deben transformarse las prácticas institucionales para no reproducir violencia estructural, ni revictimización.

4. Descentralización operativa de servicios y recursos

Una estrategia regional requiere impulsar modelos de descentralización real, con servicios móviles y unidades de atención integral que lleguen a comunidades alejadas. Esta descentralización debe ir acompañada de asignaciones presupuestales específicas para contextos con alta población indígena femenina, aplicando criterios de vulnerabilidad estructural e inequidad histórica en la distribución del gasto público.

5. Sistematización de buenas prácticas regionales

Las experiencias detectadas en entidades como Chiapas y Oaxaca —en cuanto a la integración de promotoras comunitarias, el reconocimiento de la cosmovisión indígena y la regionalización de acciones— pueden ser sistematizadas y replicadas entre estados con características culturales y sociodemográficas similares. Es necesario promover espacios interinstitucionales e intergubernamentales de diálogo, en los que se compartan metodologías, indicadores y marcos normativos adecuados a la realidad mesoamericana.

Estas propuestas apuntan a consolidar una estrategia regional que no solo responda a la emergencia feminicida, sino que contribuya a desmontar las estructuras de exclusión que históricamente han silenciado a las mujeres indígenas. Desde una lógica de justicia social, estas acciones deben orientarse a construir políticas públicas transformadoras, que coloquen en el centro a las comunidades, reconozcan la pluralidad de identidades y reparen las deudas históricas del Estado con los pueblos originarios.

Conclusiones

El análisis de los informes AVGM en los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Puebla permite identificar un patrón común de insuficiencia estructural en las respuestas institucionales frente a la violencia que viven las mujeres indígenas en la región mesoamericana. Aunque en algunos casos se reconoce la existencia de condiciones de vulnerabilidad múltiple, la mayoría de las recomendaciones carecen de una mirada interseccional sistematizada y de una articulación con las realidades culturales y territoriales de los pueblos originarios.

La violencia contra las mujeres indígenas no puede ser comprendida ni atendida únicamente desde una perspectiva de género universalista. Las condiciones históricas de exclusión, el racismo institucional, las barreras lingüísticas y la invisibilización política operan como factores que agravan la violencia y dificultan el acceso a la justicia, la salud y la protección integral. Las respuestas estatales que no consideran estas dimensiones están condenadas a reproducir la exclusión que pretenden combatir.

Es imprescindible transitar hacia una política pública que articule los enfoques de género, interseccionalidad e interculturalidad desde una lógica de justicia situada. Esto implica no solo reconocer la pluralidad de las identidades y experiencias de las mujeres indígenas, sino también transformar las estructuras de poder que las subordinan, incluyendo el propio diseño tecnocrático y centralizado de los mecanismos institucionales como las AVGM.

El futuro de las políticas para erradicar la violencia de género en la región mesoamericana requiere construir una agenda regional basada en el diálogo horizontal, el respeto a la autonomía comunitaria y la participación activa de las mujeres indígenas como sujetas políticas. Solo mediante esta ruta será posible avanzar hacia una justicia verdaderamente transformadora, que repare las deudas históricas, reconozca la diversidad y garantice a todas las mujeres una vida libre de violencia, sin excepciones culturales, territoriales ni étnicas.

Referencias